Un tercio de grandes empresas españolas aún no cumple normativa de IA regulatoria
Regulación europea entra en vigor con obligaciones de transparencia mientras persisten brechas de implementación en gobernanza y políticas internas
Casi un tercio de las grandes empresas en España permanece sin medidas de cumplimiento para la Ley de Inteligencia Artificial, que comenzará a aplicar obligaciones de transparencia a partir de agosto. Un 31.7% de los CEOs de estas organizaciones no ha implementado acciones necesarias para alinearse con la regulación, a…
Casi un tercio de las grandes empresas en España permanece sin medidas de cumplimiento para la Ley de Inteligencia Artificial, que comenzará a aplicar obligaciones de transparencia a partir de agosto. Un 31.7% de los CEOs de estas organizaciones no ha implementado acciones necesarias para alinearse con la regulación, a pesar de que el 70% del tejido empresarial ya ha adoptado algún tipo de medida.
La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea representa la primera regulación integral sobre IA a nivel global. Su aplicación se despliega en fases: las obligaciones de transparencia establecidas en el Artículo 50 entran en vigor en agosto, mientras que otras dos obligaciones ya llevan más de un año vigentes. La primera es la garantía de alfabetización en IA de empleados, en vigor desde febrero de 2025. La segunda corresponde al régimen aplicable a modelos de propósito general, que se activará en agosto de 2025 y afecta principalmente a creadores y desarrolladores de grandes modelos de IA.
Entre las empresas que sí han actuado, las medidas más comunes incluyen formación de empleados en uso responsable de IA (70.7%), creación de comités o responsables de gobernanza (47.3%) y establecimiento de políticas internas de uso (33.7%). Sin embargo, el cumplimiento requiere más que adquisición de software con licencias seguras: demanda criterios propios, políticas claras y acción inmediata desde los comités de dirección.
Las sanciones por incumplimiento alcanzan hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global. Las prácticas prohibidas incluyen scoring social, manipulación encubierta y biometría no autorizada. Existen conceptos erróneos que exponen a las empresas a riesgo: esperar una ley nacional para cumplir (el Reglamento Europeo se aplica directamente en España bajo supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial), o asumir que un contrato de privacidad del proveedor ofrece protección legal adecuada. El riesgo depende del uso que se haga de la tecnología, no de la herramienta en sí. Por ejemplo, utilizar IA para filtrar candidaturas en selección de personal convierte ese sistema en "alto riesgo".
Las obligaciones aplicables a sistemas de alto riesgo, como los utilizados en selección de personal, biometría o evaluación de solvencia, se aplazarán hasta diciembre de 2027 tras la publicación del Digital Ómnibus sobre IA. No obstante, esta prórroga no elimina la urgencia de implementar medidas estructurales. Es crucial identificar y clasificar qué sistemas son de alto riesgo, especialmente considerando que la obligación de formar al personal ya está vigente desde febrero de 2025.
