La Suprema Corte bonaerense busca regular el uso de la IA en Tribunales y abre un proceso de consulta pública
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires establece nuevas regulaciones para el uso de inteligencia artificial en tribunales La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso significativo al publicar un reglamento preliminar que introduce, por primera vez, normas estrictas…
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires establece nuevas regulaciones para el uso de inteligencia artificial en tribunales
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso significativo al publicar un reglamento preliminar que introduce, por primera vez, normas estrictas y prohibiciones en el uso de la inteligencia artificial (IA) dentro de los tribunales bonaerenses. Este avance busca definir de manera clara cómo se implementarán estas tecnologías en los expedientes y en la gestión judicial.
En los fundamentos de la resolución 1719-2026, registrada bajo el expediente Nº 3000-21862-2026, se argumenta que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial presenta “oportunidades significativas” para optimizar la gestión judicial, aunque también conlleva riesgos que demandan un marco regulatorio claro.
Se destaca la necesidad de establecer un marco institucional que asegure el respeto a los derechos fundamentales, la transparencia, la rendición de cuentas y el control humano constante sobre estas tecnologías, en línea con estándares internacionales promovidos por organismos de renombre.
El reglamento, que se encuentra en fase de consulta pública, incluye el “Proyecto de Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial”, el cual detalla principios, obligaciones, prohibiciones y mecanismos de control que regirán la utilización de sistemas de IA en el Poder Judicial bonaerense. Por el momento, este documento tiene un carácter orientador y no vinculante hasta que se apruebe su versión definitiva.
El alcance de este proyecto es extenso. Las nuevas regulaciones no solo afectarán a jueces, funcionarios y empleados de todos los fueros del Poder Judicial, sino también a auxiliares de la Justicia y al personal administrativo de la Suprema Corte. Además, las obligaciones podrán extenderse a empresas y entidades externas responsables de desarrollar, proveer, integrar o mantener sistemas de IA utilizados por el tribunal, según lo estipulado en los contratos correspondientes.
Como parte de este proceso, la Corte ha abierto una consulta pública para recabar opiniones, propuestas y objeciones sobre el reglamento. Esta iniciativa está dirigida a abogados, magistrados, empleados judiciales, colegios profesionales y al público en general. Se establecerá una comisión especial encargada de sistematizar las sugerencias y evaluar su posible inclusión en el texto definitivo, garantizando un debate abierto y transparente antes de la aprobación final.
Es importante resaltar que, hasta la sanción del reglamento definitivo, el texto difundido tendrá carácter “orientador y no vinculante”.
Entre los aspectos más relevantes del reglamento se encuentra el principio que prohíbe a jueces y funcionarios delegar en la IA la resolución de casos, la valoración de pruebas o la redacción de sentencias. La función jurisdiccional, según la resolución, es “indelegable e insustituible”.
La inteligencia artificial podrá ser utilizada únicamente como herramienta auxiliar, y cualquier sistema implementado, incluso en situaciones simples, estará bajo la supervisión y responsabilidad plena de la persona a cargo. El reglamento establece que el uso de estas herramientas no exime al operador de su responsabilidad sobre el contenido, validez y legalidad de los actos en los que se utilicen.
Asimismo, se establece que ninguna persona podrá ser privada de su libertad, sometida a medidas cautelares o afectada en sus derechos fundamentales por decisiones tomadas por un sistema de IA sin la intervención de un ser humano. Este enfoque resalta la importancia de mantener el control humano en el proceso judicial, asegurando así la protección de los derechos individuales en un contexto de creciente automatización.
