IA en el sistema judicial latinoamericano: adopción fragmentada sin marco regulatorio común
Argentina registra casos de uso con resultados medibles —precisión del 90% y reducción de tiempos de redacción de 60 a 10 minutos— mientras la regulación avanza de forma dispar entre provincias y organismos.
Inteligencia artificial ya opera en tribunales y fiscalías argentinas, pero sin un marco nacional que establezca límites, responsabilidades ni mecanismos de supervisión. La adopción ha sido fragmentada: cada organismo judicial ha incorporado herramientas de forma autónoma para tareas como búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y asistencia…
Inteligencia artificial ya opera en tribunales y fiscalías argentinas, pero sin un marco nacional que establezca límites, responsabilidades ni mecanismos de supervisión. La adopción ha sido fragmentada: cada organismo judicial ha incorporado herramientas de forma autónoma para tareas como búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y asistencia en redacción de documentos. La pregunta ya no es si la IA llegará a los tribunales, sino bajo qué condiciones será diseñada, implementada y auditada.
A finales de 2024, se identificaron 125 sistemas de inteligencia artificial activos en instituciones judiciales de distintos países, con mayor concentración en Europa. De ese universo, solo nueve jurisdicciones contaban con guías específicas de regulación, entre ellas Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Un dato relevante para el debate de gobernanza: ninguno de estos sistemas reemplaza la decisión final del juez; su función es auxiliar, no sustitutiva. Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, el mayor despliegue tecnológico se concentra en gestión de expedientes, mientras que las herramientas de apoyo a decisiones avanzan con mayor cautela por su impacto directo en derechos y garantías procesales.
En Argentina, los casos de uso ya arrojan métricas concretas. Prometea, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, se ha aplicado en 658 casos vinculados a derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. El sistema alcanzó una precisión del 90% y elevó la capacidad de tramitación mensual de 130 a 490 expedientes. Desde mayo de 2024, el mismo organismo incorporó modelos de lenguaje generativo para análisis de documentos en expedientes de empleo público y reclamos salariales, reduciendo el tiempo de redacción de 60 minutos a 10. El Poder Judicial de Córdoba, por su parte, opera Jurisemia, un motor de búsqueda de jurisprudencia basado en IA, mientras que un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre 5,000 integrantes del sistema judicial.
El avance regulatorio existe, pero es provincial y desarticulado. Santa Fe, San Juan y Río Negro han aprobado protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó una guía de uso responsable en 2025, y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires firmó acuerdos para avanzar en la materia. Para el C-suite de empresas con litigios activos o exposición regulatoria en Argentina, este escenario implica una variable de incertidumbre: los tiempos procesales y los criterios de análisis documental pueden variar significativamente según el organismo judicial, dependiendo del nivel de automatización adoptado y de la ausencia —o presencia— de estándares comunes de supervisión.
