IA en el sistema judicial argentino: avance fragmentado sin marco regulatorio común
Más de una decena de herramientas operan en tribunales del país con resultados medibles, pero sin estándares nacionales que definan responsabilidades ni mecanismos de supervisión unificados.
Organismos judiciales de Argentina han incorporado inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y asistencia en redacción de documentos. El avance es real y cuantificable, pero ocurre de forma desarticulada: no existe un marco nacional que establezca límites, asigne responsabilidades ni defina mecanismos de control…
Organismos judiciales de Argentina han incorporado inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y asistencia en redacción de documentos. El avance es real y cuantificable, pero ocurre de forma desarticulada: no existe un marco nacional que establezca límites, asigne responsabilidades ni defina mecanismos de control homogéneos para todo el sistema.
El contexto internacional ofrece una referencia de escala. A finales de 2024 se identificaron 125 sistemas de inteligencia artificial operando en instituciones judiciales de distintos países, con mayor concentración en Europa. Sin embargo, solo nueve de esos países contaban con guías específicas para regular su uso, entre ellos Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Un dato relevante para cualquier debate de política pública: ninguno de esos sistemas reemplaza la decisión final del juez. La tendencia global apunta a funciones auxiliares —clasificación, búsqueda de precedentes, gestión documental— mientras las herramientas de apoyo a decisiones avanzan con mayor cautela por su impacto directo en derechos y garantías procesales, según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia.
Dentro de Argentina, el caso más documentado es Prometea, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires junto al Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. La herramienta se aplicó en 658 casos vinculados al derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad, alcanzando una precisión del 90% y elevando la capacidad de tramitación mensual de 130 a 490 expedientes. Desde mayo de 2024, el mismo organismo incorporó ChatGPT para análisis de documentos y elaboración de borradores en expedientes de empleo público y reclamos salariales, reduciendo el tiempo de redacción de una hora a diez minutos. El Poder Judicial de Córdoba, por su parte, opera Jurisemia, un sistema de búsqueda de jurisprudencia basado en IA, mientras que un piloto de inteligencia artificial generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre 5,000 integrantes del sistema judicial.
En materia regulatoria, las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro han aprobado protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó una guía de uso responsable en 2025, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha suscrito acuerdos para avanzar en el tema. La discusión de fondo ya no es si la inteligencia artificial llegará a los tribunales —ya está ahí— sino bajo qué condiciones será diseñada, implementada y supervisada a escala nacional. Para los equipos directivos del sector público y privado que operan en entornos regulados, la fragmentación normativa actual representa tanto un riesgo de cumplimiento como una ventana para incidir en la definición de estándares antes de que se consoliden.
