IA en el sistema judicial latinoamericano avanza sin marco regulatorio común
Argentina registra implementaciones activas en múltiples organismos judiciales, pero la ausencia de estándares nacionales genera riesgos de fragmentación y vacíos de responsabilidad.
Organismos judiciales de Argentina han integrado herramientas de inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, organización documental y automatización administrativa. El avance, sin embargo, se ha producido de forma fragmentada: no existe un marco nacional que establezca límites, responsabilidades ni mecanismos de supervisión unificados. El contexto internacional ofrece…
Organismos judiciales de Argentina han integrado herramientas de inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, organización documental y automatización administrativa. El avance, sin embargo, se ha producido de forma fragmentada: no existe un marco nacional que establezca límites, responsabilidades ni mecanismos de supervisión unificados.
El contexto internacional ofrece una referencia de escala. A finales de 2024 se identificaron 125 sistemas de IA activos en instituciones judiciales de distintos países, con mayor concentración en Europa. De ese universo, solo nueve jurisdicciones contaban con guías específicas de regulación, entre ellas Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Un dato relevante para la toma de decisiones directivas: ninguno de estos sistemas reemplaza la decisión final del juez; la mayoría opera en funciones auxiliares como clasificación de expedientes y búsqueda de precedentes. Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, las herramientas de apoyo a decisiones avanzan con mayor cautela que las de gestión documental, precisamente por su impacto en derechos y garantías procesales.
En Argentina, los casos de implementación ya arrojan métricas concretas. Prometea, desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, se ha aplicado en 658 casos vinculados a derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. El sistema alcanzó una precisión del 90% y elevó la capacidad de tramitación mensual de 130 a 490 expedientes. Desde mayo de 2024, el mismo organismo incorporó el uso de ChatGPT para análisis documental y redacción de borradores en materia de empleo público y reclamos salariales, reduciendo el tiempo de redacción de una hora a diez minutos. El Poder Judicial de Córdoba, por su parte, opera Jurisemia, un motor de búsqueda jurisprudencial basado en IA, mientras que un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre cinco mil integrantes del sistema judicial.
El avance regulatorio es parcial y dispar. Las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro han aprobado protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó una guía de uso responsable en 2025, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha suscrito acuerdos para avanzar en la materia. Para los equipos directivos que operan en sectores regulados o con exposición legal, el estado actual del sistema judicial argentino representa tanto una señal de madurez tecnológica como una advertencia: la adopción de IA sin estándares comunes incrementa el riesgo de inconsistencias procesales, cuestionamientos de validez y brechas de accountability que eventualmente impactan el entorno de negocios.
