IA en el sistema judicial latinoamericano: adopción acelerada sin marco regulatorio común
Argentina registra implementaciones concretas con resultados medibles, pero la fragmentación normativa expone riesgos institucionales que los líderes del sector público y privado deben considerar.
Organismos judiciales en Argentina ya utilizan inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y redacción de documentos. El avance es real y cuantificable, pero ocurre sin un marco nacional que establezca responsabilidades, límites de uso ni mecanismos de auditoría. Esta brecha entre adopción tecnológica y…
Organismos judiciales en Argentina ya utilizan inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y redacción de documentos. El avance es real y cuantificable, pero ocurre sin un marco nacional que establezca responsabilidades, límites de uso ni mecanismos de auditoría. Esta brecha entre adopción tecnológica y regulación representa uno de los principales riesgos institucionales del sector en la región.
A finales de 2024, se identificaron 125 sistemas de inteligencia artificial activos en instituciones judiciales de distintos países, principalmente en Europa. De ese universo, solo nueve contaban con guías específicas de regulación, entre ellos Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, el mayor despliegue tecnológico se concentra en gestión de expedientes, mientras que las herramientas de apoyo a decisiones avanzan con mayor cautela dado su impacto directo en derechos y garantías. En ninguno de los casos relevados, la IA sustituye la decisión final del juez.
En Argentina, los casos de implementación más documentados muestran resultados concretos. Prometea, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, se ha aplicado en 658 casos vinculados a derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. El sistema alcanzó una precisión del 90% y elevó la capacidad de tramitación mensual de 130 a 490 expedientes. Desde mayo de 2024, el mismo organismo incorporó modelos de lenguaje generativo para análisis documental en expedientes de empleo público, reduciendo el tiempo de redacción de una hora a diez minutos. El Poder Judicial de Córdoba, por su parte, opera Jurisemia, un motor de búsqueda jurisprudencial basado en IA, mientras que un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre cinco mil integrantes del sistema judicial.
El marco normativo avanza de forma desigual. Las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro han aprobado protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó una guía de uso responsable en 2025, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires firmó acuerdos para avanzar en regulación. Sin embargo, la ausencia de estándares nacionales genera un escenario de fragmentación que dificulta la interoperabilidad, la rendición de cuentas y la protección de datos sensibles a escala sistémica.
Para el C-suite del sector privado, este panorama tiene implicaciones directas. Las empresas que litigan, operan bajo supervisión regulatoria o gestionan contratos con el Estado deben anticipar que los tiempos procesales y los criterios de resolución pueden variar significativamente según la jurisdicción y el nivel de automatización de cada tribunal. La pregunta estratégica ya no es si la IA transformará el sistema judicial, sino bajo qué condiciones de gobernanza, transparencia y control será implementada, y qué tan preparadas están las organizaciones para operar en ese entorno.
