Inteligencia artificial en el sistema judicial argentino: avance sin marco regulatorio común
Organismos judiciales de Argentina ya operan con IA en tareas clave, pero la ausencia de reglas nacionales unificadas expone riesgos en garantías procesales y responsabilidad institucional.
Múltiples organismos judiciales de Argentina han incorporado inteligencia artificial para búsqueda de jurisprudencia, anonimización de sentencias, clasificación de expedientes y redacción asistida de documentos. El avance es real y medible, pero ocurre de forma fragmentada: no existe un marco nacional que establezca límites, asigne responsabilidades ni defina mecanismos de supervisión. La pregunta ya no es si la IA llegará a los tribunales argentinos, sino bajo qué condiciones será diseñada, implementada y auditada.
El contexto internacional ofrece una referencia de escala. A finales de 2024 se identificaron 125 sistemas de inteligencia artificial activos en instituciones judiciales de distintos países, con mayor concentración en Europa. De ese universo, solo nueve jurisdicciones contaban con guías específicas de regulación, entre ellas Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Un dato relevante para la discusión sobre autonomía judicial: ninguno de esos sistemas reemplaza la decisión final del juez; la mayoría opera en funciones auxiliares como clasificación de casos y recuperación de precedentes. Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, las herramientas de apoyo a decisiones avanzan con mayor cautela precisamente por su impacto directo en derechos y garantías procesales.
En Argentina, los casos de implementación ya documentados muestran resultados concretos. Prometea, desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, se ha aplicado en 658 casos vinculados a derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad, alcanzando una precisión del 90% y elevando la capacidad de tramitación mensual de 130 a 490 expedientes. Desde mayo de 2024, el mismo organismo utiliza modelos de lenguaje generativo para analizar documentos y preparar borradores en expedientes de empleo público y reclamos salariales, reduciendo el tiempo de redacción de una hora a diez minutos. El Poder Judicial de Córdoba opera Jurisemia, un motor de búsqueda jurisprudencial basado en IA, y un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre cinco mil integrantes del sistema judicial.
En el plano regulatorio, el avance es parcial y desigual. Las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro han aprobado protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó una guía de uso responsable en 2025, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha suscrito acuerdos para avanzar en la materia. Para los equipos directivos de organizaciones que interactúan con el sistema judicial —como áreas legales, de cumplimiento o de gobierno corporativo— este escenario implica una variable de incertidumbre operativa: los estándares con los que la IA procesa expedientes, genera borradores o clasifica precedentes varían según el organismo y la jurisdicción. La ausencia de un marco nacional unificado no solo es un desafío institucional; es un factor de riesgo para la predictibilidad y la equidad del proceso judicial que las empresas deben monitorear activamente.
