A finales de abril, un librero con dos décadas de experiencia en la venta de libros antiguos en Cataluña identificó un patrón de compra inusual: pedidos repetitivos del mismo cliente, envíos internacionales y costos de envío desproporcionados. La sospecha inicial de fraude evolucionó hacia un descubrimiento más amplio cuando contactó a un experto en inteligencia artificial para investigar.
La indagación reveló que libreros en Alemania, Nueva Zelanda y Australia experimentaban situaciones idénticas. Un anticuario en los Países Bajos reportó un pedido masivo de libros antiguos —algo atípico en ese mercado—, mientras que una librera australiana recibió solicitudes de la misma compañía que había contactado al librero catalán, con pagos anticipados sin cuestionamiento sobre los costos de transporte. Este patrón coordinado apuntaba hacia un fenómeno sistémico vinculado con lo que se ha denominado el "Proyecto Panamá", un término que ha ganado relevancia en discusiones sobre prácticas de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
La adquisición masiva de libros antiguos responde a la necesidad de las empresas de IA de acceder a grandes volúmenes de datos textuales para entrenar algoritmos. Sin embargo, esta práctica plantea interrogantes sobre la preservación del patrimonio cultural. En septiembre de 2025, una empresa de inteligencia artificial llegó a un acuerdo de 1,500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por autores que alegaban que sus obras habían sido utilizadas sin permiso para entrenar modelos. Este caso ilustra la creciente tensión entre las necesidades tecnológicas y los derechos de propiedad intelectual.
Para los directivos en México y América Latina, este fenómeno presenta implicaciones estratégicas claras. Primero, expone un vacío regulatorio en torno al uso de contenido cultural para entrenamiento de IA. Segundo, sugiere que las prácticas de adquisición de datos pueden operar en zonas grises legales, con consecuencias potenciales para empresas que participen en cadenas de suministro de datos. Tercero, plantea riesgos reputacionales para organizaciones que dependen de datos obtenidos sin transparencia.
La destrucción o descontextualización de libros antiguos en este proceso también representa una pérdida cultural irreversible. Estos textos constituyen patrimonio histórico que trasciende su valor comercial. La regulación efectiva requeriría marcos claros que establezcan: consentimiento explícito de propietarios de derechos de autor, trazabilidad en cadenas de suministro de datos, y prohibiciones específicas sobre la destrucción de materiales de valor histórico. Sin estos controles, la carrera por datos de entrenamiento continuará generando externalidades negativas en la preservación cultural.
