A partir de octubre, las comunicaciones telefónicas con fines comerciales utilizarán un prefijo de nueve dígitos que inicia con 400, permitiendo a los receptores identificar llamadas legítimas antes de contestar. Esta medida forma parte de una estrategia integral contra el fraude telefónico que ha mostrado resultados significativos en el control de delitos cibernéticos.

Desde la implementación del plan contra estafas telefónicas en marzo, las autoridades han bloqueado más de 300 millones de llamadas fraudulentas y 26.6 millones de mensajes maliciosos. El servicio 017 'Tu ayuda en ciberseguridad', gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha atendido 95,064 consultas en el primer semestre del año, casi el doble respecto al mismo período anterior. Las consultas más frecuentes involucran suplantación de identidad mediante técnicas como 'vishing' (llamadas telefónicas), 'smishing' (mensajes de texto) y 'phishing' (correos electrónicos), que representan el grueso de los reportes de fraude.

El análisis de consultas revela patrones preocupantes: compras fraudulentas (13%), suplantación de identidad (9.5%), falsas inversiones en criptomonedas (300 reportes en seis meses, cifra significativamente superior a 2022), y un incremento del 175% en reportes sobre desinformación. Entre menores de edad, el 17.5% de las consultas se refieren a privacidad en línea, mientras que la 'sextorsión' —extorsión mediante amenaza de publicar contenido íntimo— alcanza el 17% de los reportes. Las empresas también reportan suplantación de identidad corporativa (20%) y fraudes de suplantación de altos cargos (9.8%), donde delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales imitando a ejecutivos.

El aumento en consultas refleja tanto mayor conciencia ciudadana sobre canales de denuncia como la evolución de métodos delictivos en entornos digitales. La implementación del prefijo 400 busca reducir la fricción en la identificación de comunicaciones legítimas, permitiendo que usuarios rechacen llamadas de números no identificados con mayor confianza. Para directivos, esta medida implica que operaciones de telemarketing y gestión de cobranza requerirán actualización de infraestructura telefónica corporativa antes de octubre.