Representantes de organismos internacionales, banca multilateral, sociedad civil e instituciones especializadas alertaron sobre el rezago de América Latina y el Caribe en materia de seguridad vial, con apenas una reducción del 0.11% en fallecimientos por siniestros entre 2011 y 2025, equivalente a 165 muertes evitadas, mientras que a nivel mundial la tasa disminuyó 21% en el mismo periodo, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
El diagnóstico surgió durante un webinar organizado por Fundación Aleatica para la Seguridad Vial e iRAP, con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, FIA Foundation, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), Fundación MAPFRE, Global Alliance of NGOs for Road Safety, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial y el Reino de Marruecos.
Compromisos sin respaldo financiero ni infraestructura
Un análisis de 68 declaraciones gubernamentales realizado por Global Alliance of NGOs for Road Safety reveló que solo el 16% mencionó financiamiento comprometido para seguridad vial. Entre las 13 declaraciones de países latinoamericanos, el 67% hizo referencia a un plan o estrategia nacional, pero el 84% no incluyó infraestructura peatonal, solo el 15% contempló el uso de cascos certificados para motociclistas y ninguna abordó la reducción de límites de velocidad.
Este vacío entre declaración y acción concreta representa uno de los principales obstáculos para cumplir los compromisos internacionales antes de 2030. "Tenemos avances sobre los cuales construir, pero también muchos pendientes que atender. Ahora nos corresponde actuar, fortalecer los vínculos entre países e instituciones, compartir lo que funciona y llevar los acuerdos internacionales a resultados concretos", señaló Bosco Marti, presidente de Fundación Aleatica.
Tres prioridades para pasar del acuerdo a la acción
Los especialistas identificaron tres ejes críticos: asegurar financiamiento con capacidad institucional real, mejorar la calidad de los datos para orientar decisiones de política pública y fortalecer la cooperación regional para escalar soluciones con resultados verificables.
La protección de peatones y motociclistas —los usuarios más vulnerables del sistema vial— concentra buena parte de la agenda pendiente. Las acciones propuestas abarcan desde mejoras de infraestructura y fiscalización hasta velocidades seguras y certificación de cascos. Herramientas como el Marco Estratégico Iberoamericano de Movilidad Segura, la Declaración de Madrid y el Índice Iberoamericano de Movilidad Segura ofrecen 11 indicadores para medir avances y orientar prioridades, incluyendo asistencia integral a víctimas e infraestructura segura.
La cooperación sur-sur también emergió como un vector estratégico. "Entre África y América Latina hay más coincidencias de las que a veces reconocemos. Compartimos retos como una creciente motorización y la protección de los usuarios vulnerables", afirmó Bouchra Boudchiche, Embajadora del Reino de Marruecos ante la República de Panamá.
La voz de las víctimas como eje de política pública
Desde la perspectiva de quienes han sufrido directamente los siniestros viales, Jeanne Picard, presidenta de FICVI, subrayó que "invertir en seguridad vial es invertir en beneficio de la vida. Todas las víctimas deben recibir justicia reparadora y un acompañamiento integral. Tenemos que convertir una tragedia diaria en una esperanza común".
El encuentro contó además con la participación de especialistas del Banco Mundial, el BID, la CEPAL, FIA Foundation, Fundación MAPFRE, iRAP y el OISEVI, quienes coincidieron en que las herramientas técnicas y los marcos de referencia ya existen. El desafío central para la región es utilizarlos de forma decidida, con recursos asignados y mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir el avance real hacia una movilidad más segura e inclusiva.
