Ocho estados estadounidenses —Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana— presentaron demandas individuales contra OpenAI, argumentando que su chatbot de inteligencia artificial representa un riesgo documentado para la seguridad de menores de edad y que la empresa ha difundido información engañosa a los padres sobre la naturaleza de esos riesgos.

La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, encabeza una de las acciones más contundentes: acusa a la compañía de ofrecer consejos médicos peligrosos, fomentar conductas autolesivas y presentar públicamente su producto como seguro mientras los datos internos apuntarían en dirección contraria. En Florida, el fiscal general James Uthmeier tomó acciones similares en junio, alegando que la empresa lanzó deliberadamente un producto con riesgos conocidos sin las salvaguardias suficientes.

Presión regulatoria sobre la industria de IA

El patrón de litigios estatales refleja una tendencia más amplia: ante la ausencia de regulación federal específica para inteligencia artificial en Estados Unidos, los estados están asumiendo el rol de fiscalizadores. Varias demandas por muerte injusta ya habían señalado a sistemas conversacionales de IA como factores contribuyentes en casos de suicidio, lo que elevó el escrutinio sobre los protocolos de moderación de contenido y verificación de edad en toda la industria.

Desde OpenAI, el portavoz Drew Pusateri señaló que la empresa cuenta con protecciones específicas por edad que, según afirmó, "muchos otros productos de IA no poseen". La compañía también anunció su disposición a colaborar con los estados en el desarrollo de políticas sectoriales. En agosto lanzó una versión dedicada a adolescentes con características educativas y controles de contenido adaptados a su etapa de desarrollo.

Implicaciones para la gobernanza corporativa en IA

Para cualquier organización que esté desplegando o evaluando herramientas de IA generativa —especialmente en sectores con usuarios vulnerables como educación, salud o servicios al consumidor—, este escenario legal establece un precedente de responsabilidad directa. La pregunta ya no es si los sistemas de IA pueden causar daño, sino quién asume la responsabilidad cuando lo hacen.

Las empresas que integran IA en sus operaciones enfrentan ahora una presión creciente para documentar sus propios marcos de gobernanza, auditar los sistemas de terceros que utilizan y establecer controles verificables. La proliferación de litigios estatales sugiere que la autorregulación voluntaria, sin estándares técnicos vinculantes, será insuficiente como escudo legal en el mediano plazo.