Obras de artistas reconocidos a nivel global están siendo utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial sin compensación a sus creadores, según advierte la Confederación Internacional de Editores Musicales (ICMP), organismo que representa a sellos como Sony, Warner y Universal, además de miles de editores independientes en todo el mundo.
El caso australiano se ha convertido en un punto de referencia del debate global. Modelos como Gemini de Google han demostrado capacidad para reproducir letras de artistas australianos, lo que contradice la afirmación recurrente de la industria tecnológica de que sus sistemas no se entrenan con contenido protegido por legislaciones locales. La ICMP presentó como evidencia un conjunto de datos de entrenamiento que incluye más de 12 millones de canciones extraídas de videos de YouTube.
Presión corporativa sobre marcos regulatorios
John Phelan, director general de la ICMP, describió la estrategia de las empresas de inteligencia artificial como un intento de que los responsables de políticas públicas "legitimen el robo" de obras creativas. La táctica incluye amenazas de retirar inversiones si los gobiernos no flexibilizan sus marcos de derechos de autor, una presión que organizaciones del sector musical, cinematográfico y de medios califican como un riesgo directo para las industrias creativas.
En el Parlamento australiano, un comité bicameral revisó recientemente el estado del debate y lo describió como un punto muerto. La presidenta del comité, Jo Briskey, y el senador Jonathon Duniam recomendaron al gobierno "examinar la configuración actual de los derechos de autor" para garantizar que los creadores mantengan el control sobre sus obras y reciban remuneración adecuada.
Un precedente con alcance global
Lo que ocurre en Australia no es un fenómeno aislado. La ICMP monitorea activamente cómo las empresas de inteligencia artificial intentan reconfigurar marcos legales en múltiples jurisdicciones para habilitar el entrenamiento de modelos con contenido protegido. En Estados Unidos, ese entrenamiento ya ocurre sin compensación a los creadores, lo que establece un precedente que otras regiones están siendo presionadas a replicar.
Para cualquier organización con activos de propiedad intelectual —desde catálogos musicales hasta bases de datos propietarias o contenido editorial— este debate define un riesgo regulatorio concreto: la posibilidad de que marcos legales diseñados para proteger la creación sean rediseñados para facilitar su extracción automatizada sin retribución. La resolución de este conflicto en mercados como Australia o la Unión Europea marcará el estándar que el resto del mundo tenderá a seguir.
