Dos frentes paralelos definen hoy el estado del transporte autónomo en España: los robotaxis, que transitan entre pruebas regulatorias y la promesa de servicios comerciales, y los autobuses autónomos, que ya operan con pasajeros reales en entornos controlados. La convergencia de ambas trayectorias apunta a 2027 como un año de inflexión, aunque los marcos legales y las autorizaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) marcan el ritmo real del despliegue.

Madrid como laboratorio de movilidad autónoma

La capital española concentra la mayor densidad de proyectos activos. La DGT ha otorgado permisos para ensayar 20 vehículos de nivel SAE 4 —aquellos capaces de operar sin intervención humana en condiciones específicas— en zonas como Alcobendas y Hortaleza, donde se han construido los mapas de alta definición necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, una autorización de ensayo no equivale a un permiso de servicio comercial, distinción que determina los plazos reales de cada operador.

Uno de los consorcios más avanzados combina tecnología de la empresa china WeRide, gestión de demanda a través de la plataforma de Uber y operación de flota a cargo de AVOMO, filial de Moove Cars. El objetivo declarado es ofrecer servicio al público antes de que cierre 2026, aunque en una primera etapa los vehículos circularán con especialistas de seguridad a bordo, un requisito habitual en las fases de transición regulatoria.

Por su parte, Waymo —subsidiaria de Alphabet con operaciones comerciales consolidadas en varias ciudades de Estados Unidos— ha constituido Waymo Iberia SL en junio de 2026 con un capital inicial de 100,000 euros, señal de compromiso formal con el mercado español. La empresa proyecta iniciar viajes autónomos en la Comunidad de Madrid en 2027, aunque a octubre de ese año su nombre no figuraba en el registro público de ensayos de la DGT, lo que indica que las autorizaciones operativas aún están en trámite.

Autobuses autónomos: la tecnología que ya transporta pasajeros

Mientras los robotaxis negocian permisos, el transporte colectivo autónomo lleva años acumulando kilómetros reales. Desde 2020, una lanzadera eléctrica autónoma con capacidad para 12 pasajeros opera en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, con un recorrido de 3.7 kilómetros y más de 22,684 kilómetros registrados hasta la fecha. Este dato sitúa a España fuera del grupo de países que recién comienzan a explorar la tecnología.

En Mercamadrid funciona un autobús autónomo a demanda con capacidad superior a 30 pasajeros, integrado en la iniciativa europea MobilitiesForEU. Los usuarios solicitan viajes mediante aplicación y el vehículo opera con un operador a bordo, modelo que permite evaluar la tecnología en un entorno logístico de alta densidad antes de escalar a entornos urbanos abiertos.

Leganés suma otro vector: la Comunidad de Madrid ha anunciado un programa de autobús autónomo que conectará un parque tecnológico con la ciudad, con un presupuesto de 300,000 euros y dos años de pruebas bajo autorización SAE 4 vigente hasta octubre de 2027.

Expansión fuera de la capital

El fenómeno no se circunscribe a Madrid. En Vigo, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) opera una lanzadera eléctrica en el campus universitario que acumuló más de 800 viajeros y 550 trayectos en sus primeros meses. Estos proyectos distribuidos revelan un patrón: las instituciones académicas y los entornos logísticos cerrados funcionan como bancos de prueba que reducen el riesgo regulatorio y permiten iterar la tecnología antes de su despliegue en vías públicas abiertas.

Para las organizaciones que gestionan flotas, infraestructura urbana o servicios de movilidad, el mapa actual ofrece señales claras: la pregunta ya no es si el transporte autónomo llegará a España, sino qué marcos de alianza, qué modelos de operación mixta y qué calendarios regulatorios definirán quién captura valor en cada segmento del mercado.