Obtener una sanción formal contra un pequeño comercio informal requiere años de documentación, inspecciones físicas y pruebas digitales. Así lo demuestra un caso resuelto recientemente en Perú, donde la Comisión de Derecho de Autor del Indecopi impuso una multa equivalente a dos unidades impositivas tributarias a la propietaria de una tienda ubicada en el Barrio Chino de Lima, por distribuir productos que reproducían imágenes protegidas de personajes de animación sin autorización.

El procedimiento, iniciado en diciembre de 2022, incluyó fotografías del establecimiento, boletas de venta, números telefónicos vinculados a pedidos por WhatsApp y un catálogo digital con opciones de pago. En febrero de 2023, personal de fiscalización realizó una inspección presencial que derivó en la incautación de 94 artículos —entre monederos de nylon, canguros y accesorios— que reproducían las imágenes en cuestión. La resolución N.º 192-2026/CDA-INDECOPI ordenó además el cese definitivo de la distribución de esos productos.

El caso expone una tensión estructural que enfrentan las empresas con activos de propiedad intelectual en mercados con alta presencia de comercio informal: la carga probatoria es elevada y los tiempos procesales, largos. La primera resolución fue anulada tras una apelación, lo que extendió el procedimiento varios meses. Adicionalmente, las alegaciones sobre ventas documentadas en Facebook y TikTok —presentadas en escritos posteriores a la denuncia original— no fueron incorporadas al expediente, aunque la autoridad dejó abierta la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento por esos hechos.

Implicaciones para la gestión de activos creativos en América Latina

Para cualquier organización que opere con marcas, personajes o contenidos protegidos en la región, este caso ofrece tres señales concretas. Primero, la documentación digital —capturas de redes sociales, registros de WhatsApp, catálogos en línea— tiene valor probatorio, pero debe presentarse dentro del marco temporal correcto del procedimiento. Segundo, las plataformas sociales se han convertido en canales activos de distribución no autorizada, lo que exige monitoreo continuo y no solo inspecciones físicas. Tercero, la vía administrativa ante organismos como Indecopi en Perú, o el IMPI en México, permite obtener sanciones y órdenes de cese sin necesidad de litigio penal, aunque los plazos pueden superar los tres años desde la denuncia inicial.

En mercados donde la informalidad convive con el comercio digital, la protección efectiva de la propiedad intelectual depende menos de la existencia de marcos legales —que en general existen— y más de la capacidad operativa para construir expedientes sólidos antes de presentar una denuncia.