Prohibir la inteligencia artificial en las escuelas sigue la misma lógica que las campañas de abstinencia en educación sexual: parte de una premisa desconectada del comportamiento real de los jóvenes. Datos recabados antes de las restricciones implementadas en distritos escolares de Los Ángeles y Nueva York muestran que el 44% de los adolescentes ya utilizaba herramientas de IA dentro de las aulas, y el 59% accedía a ellas desde dispositivos personales. La prohibición institucional, en ese contexto, no elimina el uso: lo desplaza fuera de cualquier supervisión educativa.

Los riesgos que las restricciones no contemplan

Más allá del debate pedagógico sobre el plagio o la dependencia cognitiva, los riesgos documentados de la interacción entre adolescentes e IA son clínicamente relevantes. El Instituto de Seguridad Juvenil en IA —parte de Common Sense Media— ha evaluado múltiples chatbots orientados a jóvenes y encontró fallas sistemáticas: herramientas que no detectan señales de ideación suicida, que toleran indicios de psicosis y que ofrecen información incorrecta sobre trastornos alimenticios. En simulaciones de crisis, plataformas que prometían alertas automáticas a padres o tutores fallaron en enviar notificaciones. Estos no son fallos menores de usabilidad: son brechas de seguridad con consecuencias potencialmente graves.

El ritmo de desarrollo de la IA agrava el problema. Figuras como Dario Amodei, al frente de Anthropic, han señalado públicamente que la velocidad de avance del sector supera la capacidad de las instituciones para establecer salvaguardias efectivas. En ese escenario, delegar la protección de los jóvenes a una prohibición escolar equivale a gestionar un riesgo sistémico con una medida puntual.

Alfabetización, no abstinencia

Las restricciones temporales pueden ofrecer margen para que los sistemas educativos diseñen marcos de uso responsable, pero ese tiempo solo tiene valor si se traduce en programas concretos de alfabetización en IA. Una prohibición sin ese componente formativo no prepara a los estudiantes para un entorno laboral y social donde estas herramientas ya son parte de la infraestructura cotidiana.

La pregunta estratégica para cualquier organización —incluidas las instituciones educativas— no es si los jóvenes usarán IA, sino bajo qué condiciones lo harán y con qué nivel de comprensión crítica. Responder esa pregunta con una restricción de acceso es, en el mejor de los casos, una solución provisional. En el peor, es una oportunidad perdida de construir competencias que definirán la empleabilidad y el juicio de la próxima generación de talento.