Adultos mayores, comunidades indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad enfrentan una exclusión digital que se profundiza a medida que la Inteligencia Artificial avanza sin marcos regulatorios adecuados. Lo que antes era una brecha de acceso se convierte hoy en un riesgo concreto: pérdida de autonomía, exposición a fraudes sofisticados y suspensión automatizada de beneficios sociales sin revisión humana.
Algoritmos que deciden sin contexto
Uno de los casos más ilustrativos es el reconocimiento facial aplicado a la verificación de vida para el cobro de jubilaciones. Las aplicaciones bancarias que requieren encuadrar el rostro, sostener el dispositivo o realizar gestos específicos generan barreras insalvables para personas con temblores musculares, cataratas o movilidad reducida. Cuando el algoritmo no puede verificar la identidad, emite un "fallecimiento presunto" que bloquea el cobro y obliga a familiares a gestionar presencialmente la reversión del error.
En la administración pública, la automatización del análisis de datos para programas de asistencia social introduce un riesgo equivalente. Los sistemas que detectan flujos en billeteras digitales o titularidad de inmuebles clasifican automáticamente a beneficiarios como "incompatibles con vulnerabilidad", suspendiendo prestaciones sin considerar el contexto socioeconómico real ni activar una revisión humana previa. La eficiencia operativa del algoritmo colisiona con la complejidad de la realidad social.
Fraudes con IA generativa: una amenaza en escala
Paralelo a la exclusión sistémica, el uso de IA generativa para delinquir se ha sofisticado a un ritmo que supera la capacidad de respuesta institucional. La clonación de voz —conocida como vishing— permite replicar con alta fidelidad la voz de un familiar o de un operador bancario para simular emergencias o recálculos urgentes de jubilación. Organismos de protección social han emitido alertas ante el aumento de estas ciberestafas dirigidas específicamente a jubilados.
Un caso documentado en Las Heras expone la escala del daño: un jubilado perdió 24.5 millones de pesos tras ser engañado por deepfakes de figuras públicas del fútbol que promovían una plataforma financiera fraudulenta, prometiendo multiplicar una inversión inicial por más de treinta veces en un mes. La producción técnica de ese engaño —videos sintéticos convincentes, narrativa de urgencia financiera— ya no requiere recursos de alto nivel; está al alcance de grupos delictivos con acceso a herramientas de IA generativa de uso masivo.
El costo de implementar sin regular
La digitalización acelerada de servicios estatales y bancarios tiene una lógica de eficiencia válida, pero su implementación sin educación digital ni salvaguardas regulatorias transfiere el costo operativo a los sectores con menor capacidad de adaptación. Para poblaciones vulnerables, esto no solo limita el acceso a trámites: restringe su participación en el mercado formal y perpetúa ciclos de pobreza al excluirlos de programas de empleo que operan en entornos digitales.
La alfabetización digital ha dejado de ser una habilidad complementaria para convertirse en condición de acceso a derechos básicos. Sin regulación que obligue a las instituciones a garantizar canales alternativos, sin educación que reduzca la vulnerabilidad ante el fraude y sin mecanismos de revisión humana en decisiones algorítmicas de alto impacto, la expansión de la IA profundizará desigualdades que ya muestran señales de volverse estructurales.




