Francia evalúa una transformación profunda de su marco regulatorio publicitario en televisión, con una consulta pública que pone sobre la mesa cambios que no se han tocado desde el decreto de 1992. La Dirección General de Medios e Industrias Culturales recoge hasta mediados de noviembre las posiciones de todos los actores del ecosistema audiovisual, con el objetivo de determinar si el país debe alinearse con la directiva europea de Servicios de Medios Audiovisuales (SMA), actualmente más permisiva que la normativa nacional.

Tiempos publicitarios y publicidad segmentada: los ejes centrales del debate

Uno de los puntos de mayor impacto económico es el límite de minutos de publicidad por hora. Hoy, las cadenas nacionales no pueden superar los 9 minutos promedio por hora ni los 12 minutos en una hora concreta. La directiva SMA, en cambio, permite hasta 144 minutos de publicidad entre las 6:00 y las 18:00 horas, y 72 minutos en el tramo nocturno, sin restricción por hora. La propuesta en consulta plantea un techo de 14 minutos por hora, con una fase intermedia de 13 minutos en 2027, lo que representaría un incremento significativo de inventario publicitario disponible para las cadenas.

La publicidad segmentada —habilitada en Francia desde agosto de 2020— también está en revisión. Actualmente, su difusión está limitada a dos minutos por hora en promedio para cadenas nacionales de TNT y cuatro minutos para emisoras locales, con restricciones sobre la inclusión de la dirección del anunciante. Estas limitaciones fueron diseñadas para proteger los ingresos publicitarios de medios locales como prensa, radio y televisiones regionales. La consulta pregunta si estas restricciones deben flexibilizarse y qué consecuencias económicas tendría ese movimiento para el ecosistema mediático.

Interrupciones, telemarketing y pantalla dividida: cambios técnicos con efecto estratégico

Más allá de los volúmenes, la consulta aborda aspectos operativos que afectan directamente la experiencia del espectador y la estrategia de los anunciantes. Se propone eliminar la norma que exige un intervalo mínimo de veinte minutos entre dos interrupciones publicitarias dentro de un mismo programa —una restricción inexistente en la directiva europea— y suprimir el límite de seis minutos para cortes publicitarios en obras cinematográficas.

El telemarketing suma otro frente: hoy la normativa francesa restringe las ofertas de venta directa a espacios de televenta, pero el ministerio evalúa permitir su difusión como anuncios publicitarios convencionales, una opción ya contemplada en la SMA. En paralelo, se estudia la autorización de la publicidad en pantalla dividida —actualmente prohibida en Francia aunque permitida en Europa—, que permitiría transmitir simultáneamente un programa y un anuncio. La consulta detalla preguntas específicas sobre tamaño de pantalla, ubicación, frecuencia y duración, así como posibles restricciones a ciertos formatos, especialmente eventos deportivos en directo.

Patrocinio televisivo: el último eslabón de la cadena

El patrocinio televisivo cierra el paquete de reformas en análisis. A pesar de una primera flexibilización en 2017, la normativa francesa sigue prohibiendo mostrar el producto del patrocinador o su eslogan durante los programas. La Dirección General de Medios e Industrias Culturales considera eliminar estas restricciones y la obligación de una mención "puntual y discreta" del patrocinador, aunque los noticieros y programas de información política quedarían excluidos de cualquier cambio.

El resultado de esta consulta definirá si Francia mantiene uno de los marcos publicitarios más restrictivos de Europa o converge hacia el estándar comunitario. Para las cadenas, el impacto potencial es un aumento directo de ingresos publicitarios; para los anunciantes, mayor flexibilidad de formatos y horarios; para los medios locales, un riesgo real de presión competitiva adicional. Cada modificación propuesta incluye una solicitud expresa de evaluación de impacto económico, lo que sugiere que la decisión final estará condicionada tanto por argumentos regulatorios como por datos del mercado.