Argentina formalizó un marco regulatorio de ciberseguridad para infraestructuras críticas de telecomunicaciones que introduce estándares técnicos internacionales y, de forma implícita, restringe el acceso de fabricantes vinculados a gobiernos considerados no confiables por Estados Unidos.
Publicada el 6 de noviembre mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la normativa establece Requisitos Técnicos de Seguridad de la Cadena de Suministro para equipamiento destinado a infraestructuras críticas del sector. Su cumplimiento es obligatorio para el Sector Público Nacional —incluyendo empresas y sociedades estatales— en la adquisición, contratación, instalación u operación de equipamiento crítico. Para el resto de los actores del mercado, la adhesión es voluntaria por ahora.
Arquitectura técnica de la norma
La disposición abarca hardware, software y firmware, junto con sus actualizaciones, y clasifica los activos en cuatro niveles de criticidad: crítico, elevado, moderado y reducido. El CNC dispone de 90 días para identificar las infraestructuras afectadas y asignarles un nivel específico, con un listado provisorio vigente durante ese período.
El requisito central exige que los proveedores demuestren que el fabricante cuenta con un sistema de gestión de cadena de suministro certificado bajo la norma SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA) de Estados Unidos. Se establece un período de transición de 36 meses para iniciar el proceso de certificación. Para equipos de mayor riesgo, la normativa exige actualizaciones de seguridad durante cinco años y una evaluación independiente. También contempla la posibilidad de ordenar el reemplazo de equipamiento ya instalado, con justificación fundada.
El vector geopolítico detrás del estándar técnico
El reglamento de la TIA excluye a empresas consideradas no confiables por el gobierno estadounidense, lo que convierte a la certificación en un filtro de facto para fabricantes como Huawei, ZTE e Hikvision, entre otros. Aunque la normativa no los menciona de forma explícita, el mecanismo de certificación opera como barrera de entrada.
Esta medida se enmarca en un acuerdo de cooperación bilateral con Estados Unidos por 15 millones de dólares, orientado a reemplazar equipamiento chino en redes gubernamentales y establecer un centro de operaciones de ciberseguridad. Argentina también se incorporó a Pax Silica, una coalición promovida por Washington para garantizar cadenas de suministro en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.
Extensión potencial al mercado privado
El artículo 9 de la disposición asigna al ENACOM la responsabilidad de evaluar la inclusión de estos requisitos en la homologación de materiales y en las obligaciones de los licenciatarios TIC. Esta cláusula podría extender el alcance de la norma a todo el mercado, incluyendo grandes operadores y pymes del sector privado, aunque esa extensión aún no ha sido aprobada formalmente.
La industria respondió con cautela. Las cámaras del sector evitaron la confrontación directa y emitieron un comunicado expresando apoyo al fortalecimiento de la seguridad y resiliencia de las redes, al tiempo que solicitaron un espacio de diálogo y consulta pública antes de la implementación de nuevas obligaciones. La señal es clara: el sector reconoce la dirección regulatoria, pero busca influir en los tiempos y mecanismos de transición.
