Dos convocatorias recientes en el ámbito de la comunicación pública europea ofrecen un referente sobre cómo las instituciones gubernamentales están formalizando y externalizando su gestión estratégica de imagen y medios.

La Dirección General del Tesoro de Francia abrió una licitación para contratar el acompañamiento estratégico en relaciones con la prensa y la implementación de acciones de comunicación vinculadas al sello de Inversión Socialmente Responsable (ISR). El contrato tiene una duración inicial de un año, con opción de renovación por un periodo equivalente. Este tipo de figura —donde una entidad pública delega la estrategia comunicacional a un operador especializado— refleja una tendencia creciente en la gestión de la reputación institucional, especialmente en temas de finanzas sostenibles donde la credibilidad ante medios especializados resulta determinante.

En paralelo, la ciudad de Marsella lanzó una consulta para la gestión de su estrategia de comunicación y relaciones con medios en materia de Cultura y Patrimonio. Ambas iniciativas comparten un denominador común: la separación entre la definición de política pública y la ejecución comunicacional, un modelo que permite mayor agilidad, especialización y medición de resultados.

Implicaciones para la gestión de comunicación institucional

Para organizaciones en México y América Latina, estas convocatorias funcionan como casos de referencia sobre cómo estructurar contratos de comunicación estratégica con alcance definido, métricas claras y renovación condicionada a resultados. La externalización de relaciones con medios —especialmente en temas técnicos como inversión responsable o patrimonio cultural— permite a las instituciones mantener coherencia de mensaje sin depender exclusivamente de equipos internos con recursos limitados.

El modelo también plantea una pregunta relevante para cualquier organización que gestione reputación en entornos regulados: ¿hasta qué punto la comunicación estratégica debe ser una función interna o un servicio especializado con rendición de cuentas contractual? La respuesta que están dando estas instituciones europeas apunta hacia la segunda opción, con plazos acotados y posibilidad de evaluación periódica.