Tres años después de su implementación, la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea no ha logrado transformar las condiciones de competencia ni de transparencia en el mercado de publicidad en línea. Así lo concluye un análisis basado en entrevistas con 60 partes interesadas —anunciantes, editores, agencias y organizaciones no gubernamentales—, que identificó fallas tanto en el cumplimiento de la norma como en su aplicación práctica.

Los anunciantes continúan sin acceso suficiente a datos sobre el rendimiento y la colocación de sus campañas, lo que limita su capacidad para gestionar riesgos de marca y evitar la financiación involuntaria de contenido ilegal o desinformación. Google y Meta mantienen una posición dominante sin alteraciones estructurales visibles desde la entrada en vigor de la DMA, y la opacidad en la fijación de precios publicitarios sigue siendo una queja extendida entre quienes operan en estas plataformas.

El fraude publicitario, un drenaje sistémico

Más allá de la falta de transparencia, el estudio pone cifras concretas a un problema que el sector tiende a subestimar: según proveedores de verificación publicitaria, hasta el 25% del gasto global en publicidad digital podría estar siendo desviado hacia esquemas fraudulentos. Aplicada esa proporción al mercado europeo, la pérdida estimada para 2024 alcanzaría los €15 mil millones —una cifra que triplica los ingresos del mayor editor del continente.

Este nivel de exposición financiera convierte al fraude publicitario en un riesgo operativo de primer orden para cualquier organización con presupuestos significativos en medios digitales, no solo un problema técnico de los equipos de marketing.

Privacidad versus competencia: un equilibrio que no se ha encontrado

El análisis también examina el impacto de iniciativas de protección de datos impulsadas por las propias plataformas. Mecanismos como el Privacy Sandbox de Google y el App Tracking Transparency Framework de Apple han reducido la efectividad de las campañas publicitarias y erosionado los ingresos de los editores independientes, sin lograr un balance adecuado entre privacidad del usuario y condiciones competitivas justas.

En paralelo, el modelo de "consentir o pagar" —adoptado de forma creciente por editores que buscan monetizar sin depender de cookies de terceros— agrava los problemas de fondo: reduce el control del usuario sobre sus datos y, paradójicamente, incrementa el flujo de información hacia terceros.

Presión regulatoria y sostenibilidad del ecosistema editorial

El estudio se alinea con señalamientos recientes de la Iniciativa Global de Integridad de la Información de las Naciones Unidas, que ha documentado cómo las ganancias de las plataformas digitales se han construido a expensas de anunciantes, consumidores y del entorno informativo en general. A esto se suma una amenaza emergente: los motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial están comenzando a comprometer la sostenibilidad financiera de los editores en línea al reducir el tráfico orgánico hacia sus sitios.

Las herramientas de seguridad de marca ofrecidas por las grandes plataformas reciben una valoración crítica en el análisis: los anunciantes las califican como "cuestionables" o "semi-exitosas", con aplicación inconsistente según la región y escaso control en tiempo real. El informe no emite juicios sobre el cumplimiento individual de los actores, pero sí formula recomendaciones a los responsables de política pública para fortalecer la legislación existente o desarrollar marcos normativos complementarios que atiendan las brechas identificadas.