Organismos de justicia en el país han comenzado a integrar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos investigativos, pero establecen como requisito no negociable la revisión humana de todos los resultados generados. Un relevamiento institucional realizado entre agosto y septiembre de 2025 consultó a 2,339 profesionales del Ministerio Público Fiscal sobre sus conocimientos, usos y percepciones respecto a estas tecnologías, revelando un panorama donde la adopción avanza de forma cautelosa y regulada.

Brecha entre conocimiento individual y aplicación institucional

Aunque el 83% del personal utiliza herramientas de IA en su vida cotidiana, solo el 33% las aplica en sus tareas laborales dentro de la institución. Esta desconexión indica que, pese a la familiaridad con estas tecnologías, su integración en procesos judiciales sigue siendo limitada y selectiva. Entre quienes sí las utilizan en el trabajo, ChatGPT emerge como la plataforma dominante, empleada por 9 de cada 10 usuarios. Sin embargo, el uso es mayormente esporádico: apenas el 15.9% reporta utilizarla a diario, mientras que la mayoría la consulta de manera ocasional.

La supervisión humana es práctica estándar en estos organismos. El 60% del personal utiliza la IA únicamente como consulta para redactar de nuevo sus análisis, y un 36% la toma como base pero revisa y adapta la información antes de usarla. Esto refleja una cultura institucional donde la tecnología funciona como herramienta de apoyo, no como reemplazo de la evaluación profesional.

Tareas de alto riesgo identificadas

Los encuestados han identificado como áreas más delicadas para la automatización el análisis de pruebas, la investigación penal, la elaboración de dictámenes, las resoluciones judicales y la inteligencia criminal. En estos campos, la precisión y la responsabilidad legal son críticas, lo que explica por qué el 96% del personal asegura que siempre revisa los resultados generados por estas herramientas.

Las preocupaciones más mencionadas son la calidad y precisión de los resultados, el riesgo de dependencia excesiva que podría afectar el juicio crítico de los profesionales, y la transparencia en el uso de estas tecnologías. El 53% de los encuestados sostiene que los riesgos dependen del contexto y el tipo de tarea específica, lo que sugiere la necesidad de marcos regulatorios diferenciados según el tipo de proceso judicial.

Consenso sobre regulación y protección de datos

El 93% del personal apoyó el avance en el uso de la IA en los próximos años, aunque casi el 40% enfatizó la necesidad de hacerlo "con precauciones". La protección de datos personales y sensibles se ha convertido en un eje central del debate sobre la implementación de estas tecnologías en el ámbito judicial.

Ocho de cada diez encuestados abogan por principios generales para un uso responsable de la IA, políticas de resguardo de la privacidad e instrucciones claras sobre lo que está permitido. Más de la mitad considera que los protocolos de buenas prácticas deben aplicarse en todos los casos, sin excepciones. La mayoría coincide en que siempre debe haber intervención humana en cada etapa del uso de la IA, desde la selección de datos hasta la validación de conclusiones.

Este relevamiento, que obtuvo respuestas completas de 2,339 personas (aproximadamente el 40% del personal del organismo), proporciona un diagnóstico sobre cómo el sistema de justicia está navegando la adopción de tecnologías de automatización, priorizando la responsabilidad legal y la protección de derechos fundamentales sobre la velocidad de implementación.