Más del 60% de la población estadounidense apoya restricciones a la construcción de nuevos centros de datos en sus comunidades, según encuestas recientes. Esta oposición ha escalado hasta detener proyectos valorados en 68 mil millones de dólares solo durante el segundo trimestre de 2026, convirtiendo la aceptación social en uno de los cuellos de botella más costosos para la expansión de infraestructura de inteligencia artificial.

La brecha entre la narrativa corporativa y la percepción ciudadana es el nudo central del problema. Mientras los laboratorios de IA de frontera sostienen que ampliar la capacidad de cómputo es condición necesaria para el avance tecnológico —y respaldan esa postura con inversiones multimillonarias—, las comunidades donde se instalan estos proyectos responden con escepticismo estructural, no con ignorancia. Un informe de la organización Data & Society, resultado de 18 meses de investigación etnográfica con 44 residentes de Pensilvania entre 2024 y 2026, documenta con precisión ese desajuste.

Memoria industrial como filtro de credibilidad

Los investigadores identificaron un patrón que la industria tecnológica no ha sabido leer: las comunidades con historial de industrialización —minería de carbón, petróleo, acero, fracking— evalúan las promesas de desarrollo económico a través de esa experiencia acumulada. Maia Woluchem, directora de programa en Data & Society y coautora del informe, señala que estos habitantes tienen una capacidad desarrollada para detectar inconsistencias en los discursos de transformación industrial.

Esa lectura crítica se aplica directamente al argumento de la inevitabilidad. El mensaje de que la IA es un proceso imparable —estrategia comunicacional frecuente en el sector— ha generado el efecto contrario al buscado: en lugar de reducir la resistencia, la intensifica. Livia Garofalo, investigadora de Data & Society, apunta que las personas intentan reconciliar la narrativa de revolución industrial inevitable con sus propios temores sobre las implicaciones concretas de esa transformación.

El giro político como señal de mercado

El cambio de postura del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ilustra la velocidad con que se está moviendo el terreno regulatorio. En julio de 2025, Shapiro encabezó una cumbre para celebrar una inversión de 90 mil millones de dólares en centros de datos e infraestructura asociada. Un año después, firmó una orden que impone nuevos requisitos a estos proyectos y los excluye de un mecanismo de aprobación acelerada.

Ese tipo de reversión política no es anecdótica: señala que la viabilidad de los proyectos de infraestructura de IA ya no depende solo de la disponibilidad de capital o de la capacidad técnica, sino de la gestión activa del entorno social y regulatorio. Las organizaciones que no incorporen esa variable en sus modelos de planificación enfrentan riesgos de paralización que no aparecen en los análisis de factibilidad tradicionales.

Sindicatos como variable de negociación

Dentro de este escenario de resistencia, los sindicatos emergen como un actor con capacidad de inclinar la balanza. A pesar de reconocer que los centros de datos no generarán empleo masivo a largo plazo, las organizaciones sindicales ven en estos proyectos una oportunidad para fortalecer su base durante la fase de construcción. Esa posición los convierte en interlocutores estratégicos para las empresas que buscan construir consenso local sin ceder en los fundamentos del proyecto.

El informe de Data & Society también cuestiona las explicaciones que atribuyen la oposición ciudadana a campañas de desinformación extranjera, calificándolas de análisis que no resisten escrutinio riguroso. La evidencia etnográfica apunta en otra dirección: la desconfianza es doméstica, tiene raíces históricas verificables y no desaparecerá con mejores estrategias de comunicación corporativa.