Firman acuerdo para combatir las bebidas alcohólicas ilegales
Margarita Ríos-Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), firmó un acuerdo de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, representadas por Rodolfo González y Erik Seiersen, sus respectivos presidentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y la Comisión para la industria de Vinos y Licores (CIVyL) firmaron un acuerdo de colaboración para combatir la importación, exportación y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas en el país. Durante el evento se presentó el proyecto de impresión digital de marbetes, el cual consiste en que el SAT proporcione a los contribuyentes las series y los folios digitales, para que el contribuyente haga la impresión en la etiqueta o contra-etiqueta de la botella.
La Jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, explicó que con el convenio se busca modernizar el marco normativo, reforzar la fiscalización e incorporar acciones preventivas para aumentar la recaudación en el país, combatiendo la evasión fiscal por la venta de bebidas alcohólicas ilegales, la cual representa una pérdida fiscal por los impuestos que se dejan de pagar.
En el marco del evento se informó que el tamaño de la ilegalidad es del 36%, cifra que representa una pérdida fiscal de $8,500 millones de pesos de IEPS que deja de recaudar el país. Es decir, el mercado ilegal en México tiene un valor de más de 27 mil millones de pesos, lo que equivale a 17.3 millones de cajas de 9 litros (de acuerdo con la tercera edición del estudio: “Análisis del mercado ilegal de bebidas alcohólicas destiladas en México”).
Un hallazgo importante que destaca el estudio es que se reportó un incremento sin precedente del robo a tren y autotransporte carretero de bebidas alcohólicas, con un valor superior a los $350 millones de pesos. Además del impacto por el valor del producto, la industria se vio afectada por los elevados costos de seguridad y logísticos, así como por la venta de estos productos robados que causan una distorsión en el mercado formal.