En América Latina, el 70% de los más de 15 millones de cuidadores remunerados de adultos mayores ganan el salario mínimo o menos, y solo el 28% cuenta con un contrato formal, lo que refleja una precariedad laboral generalizada. Esta informalidad no solo afecta a los cuidadores que en estas circunstancias son incapaces de dar los mejores servicios, sino también a los gobiernos, ya que aumenta los costos derivados de errores en el cuidado y hospitalizaciones evitables elevando los costos de la seguridad social.
