Da a conocer el TEC resultados de su Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción

 

Como parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey presentó los resultados de su investigación “Fiscalías Anticorrupción.  Un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”.

 

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Imagen: cortesía TEC de Monterrey

 

 

Este trabajo, que se nutrió del estudio del marco normativo y de solicitudes de información pública, tiene como propósito analizar el grado de autonomía de las 33 fiscalías especializadas en combate a la corrupción de México, así como en determinar si existe una relación entre esta autonomía y la eficacia de estas instituciones en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020.

 

Dentro de los principales hallazgos de esta investigación se encuentran:

 

Una mayor autonomía no implica mejores resultados

  • Las fiscalías con mayores índices de autonomía (Federal, Campeche, Jalisco y Veracruz) no reportaron la obtención de sentencias condenatorias.
  • Fiscalías con índices de autonomía menores al promedio como las de Puebla y Zacatecas sí consiguieron sentencias condenatorias. 

 

Pocas Fiscalías Anticorrupción gozan de un alto índice de autonomía

  • La mayoría de las fiscalías especializadas anticorrupción son unidades administrativas de la Fiscalía General de su Estado
  •  Sus titulares son nombrados por el Fiscal General  (ya sea el federal o estatal).
  • No tienen control sobre el ejercicio de su prespuesto.

 

La asignación de recursos no garantiza los buenos resultados

  • Solamente 7 fiscalías estatales han conseguido sentencias condenatorias ejecutadas, dando un total de 34 casos.
  • Las 4 fiscalías con más recursos, Estado de México ($155 mdp),   Federal ($110 mdp),  Jalisco ($66 mdp) y Coahuila ($47 mdp), no han logrado obtener sentencias condenatorias .
  • La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas fue la única que reportó que ha conseguido recuperar recursos por delitos de hechos de corrupción por más de 1,500 mdp,  con un presupuesto de 2.89 mdp

 

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