Presentan herramienta para erradicar el aborto inseguro

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer una herramienta informativa más importante de la historia sobre la situación del aborto en México y el mundo.

La OMS presentó la Base de Datos de Políticas de Aborto Global, una herramienta abierta e interactiva que busca erradicar el aborto inseguro y que tomadores de decisión de todos los países y entidades federativas puedan diseñar y ejecutar leyes y políticas públicas que se ajusten a las “Guías de Aborto Seguro” desarrolladas por el organismo mundial para la  salud, así como a los estándares internacionales de salud y bienestar, y de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La plataforma está disponible en on line.

Esta base de datos presenta la situación que guardan las leyes y políticas actuales en materia de aborto de los 213 países del mundo. Asimismo, México destaca en dicha herramienta ya que es el primero que también desglosa a detalle la información de cada una de sus 32 entidades.

 “La Base de Datos ofrece un abordaje integral y verificable sobre las leyes y políticas de aborto para los Estados Miembros de la ONU y la Organización Mundial para la Salud, para permitir al usuario el análisis de cada país dentro de un contexto global y de derechos en materia de salud y derechos humanos”, señala Antonella Lavelanet, representante de la OMS y responsable de la Base de Datos de Políticas de Aborto Global.

En la plataforma es posible profundizar el análisis en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos e identificar las barreras a nivel legislación que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de aborto seguro. Además, esta base de datos de la OMS incorpora las recomendaciones sobre el aborto de los órganos supervisores de tratados de Naciones Unidas, específicos a cada país.

Durante la presentación, Ipas México, la organización internacional no gubernamental que desde hace 46 años trabaja para aumentar la capacitad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, manifestó que ésta es la herramienta informativa más importante sobre aborto que se haya desarrollado en el siglo XXI y que busca incidir directamente en la reducción de las muertes de mujeres a causa de abortos no seguros en territorio mexicano.

“Gracias a esta herramienta, México hoy cuenta con un diagnóstico puntual de la situación que guarda cada entidad en materia de aborto, a fin de avanzar en el diseño y la correcta ejecución de políticas públicas, con apego a estándares internacionales de salud y bienestar y de derechos humanos, partiendo de las 8 causales o situaciones permitidas en nuestro país para acceder a procedimientos de aborto legal.  Esta herramienta nos permitirá mejorar en transparencia y rendición de cuentas e identificar los marcos normativos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos que requieren modificaciones para eliminar las barreras para el acceso de las mujeres”, afirma Fernanda Díaz de León, Coordinadora de Políticas Públicas y Abogacía en Ipas México.

De acuerdo a los sistemas oficiales de información, de 2000 a 2016, se han

registrado poco más de 3.4 millones de atenciones por aborto entre mujeres de 15-44 años, en los servicios públicos del sector salud (hospitales, salas de urgencias y centros de salud). Esto representa un promedio de 200 000 atenciones anuales, y una tasa promedio de siete atenciones por aborto por cada 1 000 mujeres de 15-44 años en la población.

Se estima que la gran mayoría de estas atenciones se deben a abortos inseguros, ya que las restricciones legales en los códigos penales estatales y las ambigüedades normativas impiden el acceso a una interrupción segura del embarazo para la mayoría de las mujeres en el país. De acuerdo con los mismos sistemas oficiales, solo el 0.23% de todos los eventos registrados entre 2000 y 2016 en la Secretaria de Salud en todo el país (excluyendo CDMX) corresponden a “abortos médicos”, es decir abortos inducidos legalmente por razones terapéuticas.  Al incluir CDMX,  y los abortos terapéuticos más las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) allí realizadas, la proporción sube apenas al 6.6% nacional. Esto deja desprotegida a la enorme mayoría de las mujeres que enfrentan un embarazo forzado, que ponga en peligro su salud y su vida o la del producto, o un embarazo que represente una carga inaceptable para su situación socioeconómica y para su plan de vida. 

Esta falta y desigualdad en el acceso se ha traducido en estos años en 2 408 muertes maternas por aborto (la mayoría de ellos inseguros), es decir el 7.5% de todas las muertes maternas en el periodo. De ellas, una de cada 8 (13%) fue en adolescentes y niñas.

En México, el acceso al aborto legal está sujeto a la legislación local de cada estado. Es por ello, que el país cuenta con distintos marcos que resultan ampliamente contrastantes y que, en algunas entidades, incluso contradicen las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“Esto se traduce en un problema de discriminación e injusticia social contra las mujeres pues se valida el acceso desigual a los servicios públicos de salud dispuestos por el estado. Mientras que las mujeres en la Ciudad de México pueden acceder a un procedimiento de interrupción legal del embarazo, seguro, legal y gratuito, los códigos penales de algunos estados colindantes no reconocen la posibilidad de que la mujer interrumpa el embarazo, aun cuando éste implique un grave daño a su salud”, apunta Díaz de León.

Por su parte, Raffaela Schiavon Ermani, consultora en salud reproductiva para Ipas México, informó:

 “Los abortos se reducen con acciones preventivas y de acceso a servicios y no a través de leyes restrictivas que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las criminaliza. Los países que han fortalecido sus políticas públicas en materia de aborto han logrado importantes beneficios en la salud pública de su población, tales como la disminución de la mortalidad materna, la disminución de las complicaciones y urgencias obstétricas, así como lesiones traumáticas causadas por procedimientos inseguros, muchas veces ilegales”.

De acuerdo con las recomendaciones internacionales, regionales, acuerdos, pactos y tratados que México ha firmado, es responsabilidad y obligación del estado mexicano generar las condiciones para que las mujeres puedan acceder a servicios seguros, que cumplan con los máximos estándares de calidad, con tecnología adecuada, y respeto pleno de sus derechos humanos.